¡Ea, ya está! El Doctor Plagio –«doctor de
cachondeo académico», como lo ha retratado Ussía– ha logrado con la anuencia
del «Tribunal Supermemo, digo, Supremo» –como lo ha rotulado una revista
satírica–, remover, al parecer el lunes, los huesos de Franco del Valle de los
Caídos. Tan obsesionado está en ello, que no le pregunten ustedes qué ocurre en
Cataluña. Ahora está con Franco. No le molesten, que no es capaz de pensar dos
cosas a la vez. Y Marlaska, el de las hamburguesas, ministro del Interior, dice
que «se puede visitar Barcelona con total normalidad».
Lo del Tribunal Supremo me lleva a una
reflexión, que probablemente no compartan muchos de ustedes. Creo que la justicia española adolece de bastante arbitrariedad,
aplicando las leyes según las circunstancias. Mirad qué ocurre en Andalucía con
los EREs: millones y millones robados por el PSOE y por ahí andan esos políticos
en un proceso que es el cuento de nunca acabar. O en Cataluña, con el chorizo
mayor del Reino, un tal Jordi Pujol y su camada.
Uno. El caso de Victoria, anciana de 94
años, que visita a su hermana durante unos días y cuando vuelve a su casa en
Portugalete (Vizcaya) ha comprobado cómo unos okupas, cerca de diez, han dado
una patada en la puerta, se han metido en su casa y han tirado las pertenencias de Victoria al
patio e incluso han vendido algunos de sus enseres, de gran valor sentimental,
en un mercadillo cercano. Ella, cuando vuelve, se ve en la calle. –Decenas de
vecinos, amigos y familiares –leo en la prensa– se han concentrado a las
puertas de la casa de Victoria para protestar por la situación. Durante la
manifestación se han producido momentos de tensión con los agentes de las Ertzaintza que custodiaban el domicilio, ya que han
impedido que hubiese cualquier tipo de enfrentamiento con los okupas.
O sea, que la Ertzaintza, policía vasca, en
vez de desalojar a los okupas, se ha dedicado a defenderlos de unos vecinos
airados. Como decía aquella pintada de hace unos años: «¡Franco, hijo de p.,
vuelve!».
Por fin, este viernes, bajo presión de los
vecinos, los okupas han abandonado la casa. Los vecinos se quejan, además, de
que, desde el verano, ha habido tres ocupaciones parecidas en la zona y las
viviendas siguen ocupadas.
El juicio se celebrará el 20 de noviembre, dentro
de un mes, y yo me digo, ¿para qué? Si esta anciana ha podido recuperar su casa
–que vete a saber cómo la han dejado–, no ha sido gracias a la justicia ni a la
policía, sino a la presión popular. De pena.
Dos. El expolicía Casimiro Villegas, de la
Policía Local de Sevilla, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por
lesiones a los asaltantes de su casa. Leo en ABC: «Villegas, que se enfrentaba
a un total de 16 años de cárcel pedidos por la Fiscalía, ha sido condenado como
autor de un delito de lesiones del artículo 150 del Código Penal y de dos
delitos de lesiones del artículo 148.1 a las penas de un año y seis meses de
prisión por el primero de los delitos, y a la pena de seis meses por cada uno
de los otros dos. El tribunal estima la eximente incompleta de miedo insuperable
y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebida, esto último tanto para
Villegas como para los cuatros asaltantes».
Item más: Villegas deberá indemnizar a tres
de los asaltantes, que también han sido condenados, en una cantidad total de
52.924 euros. Por su parte, los asaltantes, condenados, dos a tres años, otro a
dos años y medio y otro a dos años, tendrán que indemnizar a Villegas con 4.835
euros. ¡Caray con su señoría! 52.924-4.835=48.089, que son los euros que
Villegas tiene que agraciar a los ladrones.
Todo ocurrió en la vivienda de Villegas, en
el extrarradio de Dos Hermanas, cercana a Sevilla, en la madrugada del 29 de
marzo de 2011. Estos individuos entraron en la parcela, rompieron el candado de
entrada, y, mientras uno vigilaba, los otros tres entraron en la vivienda
mientras los dueños dormían. Villegas se despertó, forcejeó con ellos y tomó su
pistola. Estos huyeron en una furgoneta y Villegas disparó once tiros contra el
vehículo, hiriendo a tres de ellos. Esta absurda condena, que yo sepa, no
ocurre en Estados Unidos, en España sí.
Y otros muchos casos… Por ejemplo: «El
acusado de entrar 20 veces en casa de sus vecinos de Los Corrales (Sevilla) acepta
una condena de 15 meses de cárcel». O sea, que ni entra en la cárcel. O mi
bloque de pisos. Una vecina no paga desde hace años la comunidad. La llevamos a
los tribunales y la jueza, por un fallo de procedimiento, la absuelve. Nuevo
proceso incoado hace ya cuatro años, lo menos, que tal vez se sentencie cuando
ya estemos todos calvos. Es decir, que en esta querida España nuestra los
chorizos campan alegremente. ¡Y viva la Pepa!
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